Extorsión, robo y chantaje en la campaña de AMLO

Los gastos de campaña de Andrés Manuel López Obrador estarían financiados con dinero ilícito obtenido a través de la extorsión, el chantaje y el saqueo que el gobierno perredista hace en la ciudad de México.

... Cuando López Obrador era Jefe de Gobierno de la ciudad se decidió obtener dinero con qué financiar su campaña presidencial, inflando los presupuestos de la obras públicas y robándose los sobre costos; chantajear a los proveedores del Gobierno del Distrito Federal a cambio de recibir obras públicas y extorsionar a vendedores ambulantes, giros negros, taxistas y microbuseros y a la policía capitalina.

En abril del 2003, CSP (Claudia Sheinbaum Pardo) puso en blanco y negro la estrategia para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y estableció que habría que usar todas las fuentes de dinero de que dispone el Distrito Federal para conseguirlo.

CSP establece que esos recursos deben ser manejados de tal manera que no puedan ser contabilizados en los topes de campaña y por eso se sugiere que quien maneje los dineros "no debe estar en la estructura de gobierno, o debe estar en un nivel donde no pueda ser identificado".

Se sugiere que tenga conocimientos financieros y de programación presupuestal, que sea muy disciplinado, que no sea ostentoso, que tenga una vida ordenada, que no beba ni sea fiestero, que tenga poca vida social y que se identifique plenamente con la causa.

El Economista investigó que quien cumplió con el perfil exigido fue Octavio Romero Oropeza, ganadero de Tabasco, muy amigo de AMLO y quien actuara como oficial mayor en el Gobierno del DF y quien se encarga del manejo de los dineros en la campaña presidencial de la coalición Por el Bien de Todos.

CSP señala en su documento que para obtener recursos hay que "buscar proveedores afines y darles proyectos de obra (distribuidor vial, segundo piso de Periférico y Viaducto y otras vialidades, y pagarles a tiempo para que no incurran en gastos financieros y pedirles su apoyo económico en retribución".

"Con algunos de ellos quedaremos en deuda; sin embargo, al llegar a la Presidencia se les recompensará con más proyectos", dice CSP.

AMP (Alberto Pérez Mendoza, coordinador de defensa del voto de la campaña de AMLO) y CSP se encargaron de "disuadir" a las empresas constructores que cooperaron a fondo, pero que están dispuestas a testificar que sobrefacturaron y por ello, APM tiene que armar una lista de empresarios calificando su lealtad, preparar demandas por incumplimiento, hablar con el Maestro
(aparentemente se refieren a Bernardo Batiz) para que asigne un Ministerio
Público leal.

MEC y JOM (Marcelo Ebrard Casaubón y Jesús Ortega Martínez, coordinador Político de la campaña de AMLO) deben buscar el apoyo de la hermandad de policía, por que necesita acallar diferencias internas, analizar el retiro del apoyo al grupo de Rafael Avilés en el control interno de la hermandad, verificar que el 40% de los ingresos se depositen en las cuentas blancas de la campaña.

Ellos mismos deben ocuparse del caso de los taxis piratas y ante la posibilidad de que existen denuncias, deslindar al PRD de grupos de taxista ilegales como Montaña y Pantera y de la Asamblea de Barrios.

En octubre del 2004, en un documento titulado Seguimiento al fondeo de la campaña, APM (Alberto Pérez Mendoza) evalúa cómo les está yendo.

Tienen un problema en ese momento, ya que uno de los proveedores más importantes a quien se le pidieron facturas por el doble, nunca estuvo de acuerdo y parece que quiere hablar con el Procurador de la República. "Es necesario disuadirlo", concluye APM.

Sobre el Metrobús, señala que el estudio económico que se hizo del proyecto indica que habrá excedentes importantes.

El otorgamiento de placas de microbuses, taxis y tolerados no ha sido un ingreso bueno "porque existen muchas manos en medio y hay muchos cabos sueltos".

En el caso del ambulantaje, "los líderes están bien controlados por Bejarano-Padierna y aportan buena cantidad".

La hermandad de la policía ha colaborado generosamente y el blindaje legal es absoluto a través de su asociación.

Nota Completa: El Economista